SUSENTO JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

DEMOCRÁTICA SÍ, PERO, ¿JUSTA Y EQUITATIVA?

Al dar inicio a este breve análisis sobre algunos conceptos abordados por nuestra legislación en materia de educación, es necesario establecer que el objetivo principal es discurrir la diferencia abismal existente entre la esencia de la equidad y democracia plasmados en la Ley General de Educación y el artículo 3º Constitucional con la realidad de la práctica educativa que vive nuestro país en lo referente a las escuelas públicas, misma que se encuentra en decadencia por dos situaciones o líneas políticas que rayan verdaderamente en lo apolítico; una, el gobierno que se encuentra bajo el yugo y al servicio de la iniciativa privada así como de organizaciones trasnacionales; y, la segunda, los docentes en cuanto pertenecientes a los contaminados sindicatos magisteriales cuyas incivilizadas movilizaciones no conllevan ningún verdadero sentido social (no siempre), dejando de lado lo que verdaderamente importa e interesa a la sociedad que es la educación, pues con lo anterior, nuestro sistema educativo queda lejos de ser un sistema democrático, equitativo, justo y de carácter inclusivo, pues, su desempeño solamente produce un aparejo industrial y masivo de futuros asalariados mínimos -en el mejor de los casos- así como de desempleados y lo que es peor, de unas verdaderas fábricas de ciudadanos incapaces de formular criterios personales y sociales propios, lo que los torna como seres encadenados, esclavizados y sujetos a un conformismo disfrazado de una falsa esperanzada evolución, tal y como si fueren adictos a una mala vida, situándolos en franca desventaja social que es lo que conforma el sector de los oprimidos en concepción de Paulo Fraire, como más delante se verá y que a final de cuentas es la finalidad de la iniciativa privada, de la burguesía, es decir, crear intencionalmente el desempleo con el propósito de abaratar la mano de obra, misma que se encuentra ahora blindada y protegida con la reforma laboral así como con las denominadas reformas estructurales; pues, no habrá de olvidarse que las voces del gobierno y del movimiento empresarial nacional tienen como meta el seguir el modelo económico de china –ahora potencia económica mundial- capital mundial de la mano de obra barata, del monopolio y de la más marcada diferencia entre las clases sociales por sus contrastes en el modo de vida en la cual las clases desprotegidas como la media, los campesinos y proletariados no tienen prácticamente derechos que los ayuden a lograr un escalamiento social o una estabilidad social y económica, orillándolos a comer perros y ratas, pero no por tradición ni cultura ni mucho menos excentricidades, sino por motivo de una causa más natural, lógica y vergonzosa, el hambre; siendo insuficientes las lágrimas expuestas internacionalmente por la conocida “madre peticionaria” que hasta ahora sólo ha logrado lo que María Magdalena con Cristo; así, siendo México un país de las malas copias, de dirigentes de malas intenciones, no dudemos que llegaremos a esos extremos pero sin lograr ser una verdadera potencia económica sino en todo caso monopólica en algunos sectores económicos; vamos por similar camino de alguna manera, y se insiste, está sucediendo ante la contemplación de los docentes del servicio público cuyo sector no ha logrado entender que se necesita primeramente, trabajar y en función de ello emprender nuevas estrategias para despertar conciencias sociales, formar verdaderos críticos sociales y no criticones como los de ahora que sólo tienen capacidad para ver el lado negativo de las cosas sin aforo de propuestas constructivas, es más, sin propuestas, y en espera de que sea el gobierno o la Virgen de Guadalupe, quienes vengan a resolver la crisis política, social, económica, espiritual, cultural y de identidad nacional que padecemos ante el fenómeno de la globalización, cuyos problemas pueden ir disminuyendo a partir de las aulas pero con una infraestructura planeada de buenas y claras intenciones.

La democracia educativa de nuestro país encuentra sustento legal en el apartado a) de la fracción II del artículo 3º Constitucional que a la letra dice: “II. EL CRITERIO QUE ORIENTARA A ESA EDUCACIÓN SE BASARA EN LOS RESULTADOS DEL PROGRESO CIENTÍFICO, LUCHARA CONTRA LA IGNORANCIA Y SUS EFECTOS, LAS SERVIDUMBRES, LOS FANATISMOS Y LOS PREJUICIOS. ADEMAS: A) SERA DEMOCRÁTICO, CONSIDERANDO A LA DEMOCRACIA NO SOLAMENTE COMO UNA ESTRUCTURA JURÍDICA Y UN RÉGIMEN POLÍTICO, SINO COMO UN SISTEMA DE VIDA FUNDADO EN EL CONSTANTE MEJORAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PUEBLO” (Artículo 3º Constitucional); y regulado dentro de la fracción V del artículo 7º y fracción I del artículo 8º de la Ley General de Educación, quienes medularmente la definen no solo como una estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo ¿será?.

            El cuestionamiento principal sería si nuestro sistema público educativo realmente permite dichos logros, si el gobierno se involucra para lograrlos o si dentro de los temarios de las diferentes materias que se llevan particularmente en el nivel secundaria  de las escuelas públicas la fomentan, promueven, difunden  y explican detalladamente la institución de la democracia y su esencia, cuando la realidad nos dicta que es la dictadura la que se encuentra disfrazada bajo esta concepción en términos de lo expuesto por el numeral 38 de nuestra propia carta magna en la que la decisión democrática del pueblo en ejercicio de su soberanía la transfiere y endosa a un puñado de personas que bajo los anales de la historia no se han determinado en ayudar a las clases en desventaja social, sino a darles pan y circo así como falsas esperanzas llenas de engaño y mentiras mantenidas en ilusiones.

            Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es la privatización de instituciones que además de generar ganancias y dar estabilidad económica al país son emblemáticas de nuestra historia y que finalmente son entregadas y regaladas al sector privado, y, al contrario, se expropian literalmente deudas de carácter privado para que se vuelvan deudas públicas tal y como sucedió con el FOBAPROA y que muy pronto dará la pauta para el PEMEXPROA ante su virtual liquidación que se aproxima sin remedio y sin que nadie diga ni haga nada de manera eficaz.

                        Los libros de texto sólo se remiten a expresar que la democracia es un sistema de gobierno, la elección popular, la decisión de la mayoría y del pueblo en forma organizada en la cual resplandece la tolerancia como forma de vida social que desemboca en la soberanía nacional así como hipótesis semejantes que no expresan la forma en que ésta se pierde al transferirla a un puñado de personas que sólo velan por intereses personales, partidistas o empresariales y que en ningún momento podrán ser expuestos por sus electores ante atropellos, malos manejos, tráfico de influencias, saqueos, robos y cualquier tipo de delitos patrimoniales que vulneran la estabilidad económica y que por ende causa efectos nocivos en la educación del país y en la vida de las personas.

La democracia educativa debe verse como aquella institución no sólo en donde se imparta la educación a todos por igual ya que eso es equitativo más no justo, pues debe atender en específico los diversos contextos sociales de nuestro país, donde todos los habitantes tengan acceso a la educación de acuerdo a sus necesidades socioculturales, teniendo como reto la estabilidad y constante mejoramiento de su nivel social y económico, y esto no puede lograrse cuando los temas de estudio son idénticos en prácticamente todas las zonas del país, generalizando la educación que no permite a los alumnos ver su realidad social y por ende los orilla a catalogar al estudio como innecesario para sus intereses personales, situación que los docentes debemos atacar ajustando los temas de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos, no esperando a que se hagan estudios y muestreos de lo que debe impartirse en nuestros centros de trabajo, lamentablemente nos situamos en una zona de confort pensando que queda fuera de nuestro alcance el crear el interés en nuestros alumnos y esto fomenta otros padecimientos y vicios de nuestra educación como el bajo aprovechamiento o la deserción ya que la quincena es a veces el único motivante de nuestra asistencia a la escuela en donde trabajamos de acuerdo a lo que pensamos que merece el gobierno, sí, pero no lo merecen los alumnos.

            Es precisamente ahí cuando dejamos de crear críticos sociales, personas pensantes, nos remitimos a dar la lección del programa educativo que se encuentra diseñado para hacer saber a nuestros alumnos que los retos del mañana son el de trabajar para un patrón si es que encuentran trabajo, que sean honrados, que sean respetuosos, que no importa si se dedican a limpiar vidrios en un semáforo ya que siempre y cuando lo hagan con dignidad y gusto estarán sintiendo una satisfacción personal que se traduce en el éxito de sus vidas, y no se antepone el motivo por el cual no pueden acceder a una mejor vida por mucho que estudien y se preparen y esto lo pueden decir muchos taxistas y choferes de camión que conozco, quienes son médicos, abogados, ingenieros etc., con notas inmejorables pero que simplemente no tuvieron cabida en el mercado laboral, cosa que no es deshonrosa, pero tampoco es democrática ni es justa.

            La imperiosa necesidad de fomentar la conciencia social en los educandos tiene fundamento en los diversos fenómenos sociales que afrontamos diariamente como lo son la delincuencia en general con todas sus formas y modalidades, la cultura del mal gobierno, del mal ciudadano, del mal trabajador, del mal estudiante, del mal maestro; las metas son claras, los medios también, sólo habrá de activarlos mediante una reformulación y planteamiento de nuestra forma de impartir clases, de darle un sentido social a nuestra actividad docente, concienciarnos y concientizar a nuestros alumnos, es decir, darle un nuevo enfoque a su postura social si es el caso, no ser repetitivos de frases sin sentido para los alumnos sin detenernos a ver si entendieron o digirieron plenamente nuestras palabras y sobre todo saber su enfoque, su sentimientos, su pensar, su opinión tal y como la demagogia gubernamental nos ha tratado y para ello es necesario saber educarse con él y de él, construyendo la educación a partir de su experiencia vivida tal y como lo dice Paulo Freire, quien además refiere que: “Lo que no es posible es hacer simplemente el discurso democrático y antidiscriminatorio y tener una práctica coloquial.“

Nuestro sistema legal educativo concibe la equidad educativa de la siguiente manera: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”. Lo anterior se traduce en que todos tengan oportunidad de acudir a los centros educativos a recibir educación como derecho fundamental humano, lo que si resulta equitativo pero no justo en cuanto a que los servicios educativos no atienden la antropología social, cultural ni económica de los estudiantes y esto genera que no todos ellos alcancen la meta de mejoramiento social ni económico que tanto predican nuestros ordenamientos educativos, ya que la finalidad de la distribución del servicio no sólo debe ser igualitario sino también justo, de calidad y sobre todo que satisfaga las necesidades particulares de quienes la reciben, si bien es cierto que contemplan una serie de acciones, programas y planes, éstas quedan sólo en buenas intenciones, es decir hay fundamento legal si, lo que no hay es voluntad, por lo que queda en letra muerta.

            Lograr equidad educativa debe ser una meta indispensable de la política pública debido a que a largo plazo los costos sociales y financieros de las personas sin estudio son altos; ya que, al carecer de habilidades para  participar social y económicamente se generan costos mayores para la salud, seguridad y otros rubros no menos importantes en los que destaca la capacidad para dar sostenimiento activa y pasivamente a la economía de nuestro país ya que gran número de mexicanos viven del crédito y en la medida de su capacidad productiva estos pueden seguir siendo sostenibles y accesibles.

Retomando el sentido literal de nuestras legislaciones educativas, el concepto de equidad se utiliza como sinónimo de justicia social con un enfoque populista de la ya conocida y monótona política nacional. Pero, sin considerar que debe ser no un concepto adoptado y contemplado para su lectura sino como una acción permanente e ininterrumpida del Estado para superar la pobreza y la cada vez más ampliadas brechas sociales. También resulta poco claro y certero el abordar éste tema por su falta de claridad ya que debe ser fundamentado e interaccionado con otros conceptos de enorme importancia social. Y a palabras de pablo Latapí(2001: 59), resuelve: “Esencial porque nadie puede educar sin valorar, porque toda educación se dirige hacia ciertos fines que considera valiosos para el individuo y la sociedad”.

            Equidad e igualdad son conceptos ampliamente interrelacionados aun cuando el de equidad es más complejo al permitir por principio ciertas desigualdades ya anteriormente señaladas como la de no ser plenamente justa. El concepto de equidad incluye un valor moral o ético para que un bien o servicio no sea distribuido igualitariamente sino en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos. No obstante, la equidad también requiere que ciertos bienes sean distribuidos inicialmente en proporciones iguales. En este sentido equidad se relaciona con la justicia, ya que se argumenta que la distribución de los bienes debe realizarse de acuerdo con lo que cada quien merece y necesita. La justicia se sustenta en el derecho, de manera que dado a que todos los sujetos son iguales ante la ley, nadie debe ser privado de lo que por derecho le corresponde. Así, la justicia utiliza como criterio práctico único la igualdad para regular la relación entre los particulares y la distribución de los bienes. Por último, la exclusión social es la expresión más dramática de la inequidad; y se traduce en una alta concentración de riqueza, ingresos y escolaridad en unos pocos sectores, mientras que en otros prevalece la indigencia, el desempleo, y la falta de acceso a servicios públicos como la educación. La exclusión margina a ciertos grupos y genera una cadena que se transfiere de generación en generación, causando mayores desigualdades económicas, étnicas, sociales y de género, por lo que bien acierta Fraire: “El opresor se deshumaniza al deshumanizar al oprimido, no importa que coma bien, que vista bien, que duerma bien. No sería posible deshumanizar sin deshumanizarse, tal es la radicalidad social de la vocación. No soy si tú no eres y, sobre todo, no soy si te prohíbo ser.”

                         En educación, la igualdad se justifica en aspectos tales como que todos los educandos tienen un derecho igual a una educación básica de calidad; debido a que por un lado, el derecho a la educación es igual para todos, y por otro, a que todos los educandos son iguales en dignidad y son sujetos activos de iguales derechos y libertades según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 formalizada en París, Francia, al respecto se puede sostener que la única igualdad en educación pertinente es con la igualdad de oportunidades; ya que, la igualdad es defendible si se asocia con los conceptos de igual dignidad, derechos y libertades para un igual derecho a la educación.

            El concepto de igualdad es inadecuado si se usa como sinónimo de identidad, uniformidad y homogeneidad para realidades concretas, procesos o acciones; es decir, si el concepto de igualdad se utiliza para defender la imposición a todos los educandos currículos exactamente iguales, ritmos iguales de enseñanza, aprendizaje, pruebas idénticas y exámenes idénticos, procesos idénticos de evaluación competitiva para medir los grados de asimilación de los currículos académicos; la igualdad no sería justa ni inclusiva sino injusta y marginal. Un tratamiento igualitario solo sería justo si los estudiantes fueran idénticos, pero no lo son ni genética, social, ni culturalmente; y al no considerar sus carencias, limitaciones y en algunos casos sus discapacidades la igualdad perseguida y sustentada lo que genera es marginación, exclusión e injusticia; de ahí la importancia de una verdadera y efectiva equidad educativa pues para establecer una real justicia social no es suficiente ni adecuado otorgar igualdad de bienes a la diversidad poblacional, debido a que las circunstancias particulares de los individuos harán que no puedan aprovechar de la misma manera los bienes entregados por la educación pública. Es así que considerando la publicación de el corazón de la educación de Paulo Freire, que expone: “La capacidad de ser libre efectivamente es algo que se construye personal y socialmente. Nos hacemos libres a nosotros mismos dependiendo de la madurez y autenticidad con que vayamos tomando nuestras decisiones, y contribuimos a hacer libres a los demás en la medida en que somos capaces de contribuir a la construcción de un auténtico "bien de orden" social que respete la dignidad de todos”.

                         En el caso de nuestra realidad social educativa debe valorarse e identificarse las oportunidades reales con que cuentan nuestros estudiantes para acceder al sistema educativo y sobre todo las potencialidades con que cuentan para desarrollar habilidades efectivas, útiles, generosas y reales para la vida que se proponen y que además se les puede proponer debido a la educación, no basta con tener oportunidades de acceso, sino contar también con alternativas valiosas entre las cuales escoger, en este enfoque los estudiantes apelan no solo a su derecho de igualdad sino también a la libertad de selección alternativa de la educación que es la finalidad última y verdadera esencia y espíritu de la equidad.

                         Ahora bien, la equidad con un enfoque de inclusión o mejor dicho educación inclusiva; implica la necesidad de generar y solventar en los estudiantes las capacidades mínimas necesarias para funcionar en la sociedad, siendo éste un trabajo directo, personal y a su vez sigiloso de los docentes.

                         Por lo tanto, la educación defendida por el gobierno como obligatoria legislativamente, la provee como accesible, y de calidad (mentira), pero en ningún momento la menciona como adaptable, de ahí la bifuncionalidad armónica que debe establecerse en su desempeño, por los dos actores principales de la educación mexicana, el gobierno y la docencia que también tiene un gran reto y mucho trabajo por hacer, pues los primeros pilares adaptables que se requieren son los maestros, quienes son los primeros inconscientes, discriminadores y marginadores sociales de la educación (menos yo).

                         Para ello nuestra legislación debe tornarse defensora de la no discriminación y de la inclusión educativa, con especial atención a las poblaciones en desventaja social y rezago, tales como niños con discapacidad, niños de la calle, pobres, y todos aquellos oprimidos sociales y mentales; garantizar la educación básica obligatoria y proporcionar servicios educativos de calidad pero con propuestas de adaptabilidad de los servicios educativos que se proporcionan contando con eficaces insumos y de infraestructura escolar adecuada, disponibilidad de libros y materiales didácticos alternativos no generales, profesores, directores, personal de servicios en las escuelas capacitados pero no mediante evaluaciones oscuras y descontextualizadas con parámetros que no corresponden a nuestro país ya que se pretenden tomar de modelos extranjeros, ni mucho menos deben ser de carácter punitivo sino precisamente evaluadores y detectores de deficiencias académicas para cubrir las anteriores necesidades. Asimismo, debe establecerse un proceso formal de enseñanza con disponibilidad y accesibilidad de servicios controlando la eficaz asistencia  de los profesores a las escuelas, con contenidos curriculares adecuados para las características de los estudiantes, estimar y analizar el clima social en las escuelas y el entorno de éstas (seguridad, tolerancia, integración, justicia, disciplina), y finalmente una congruente cantidad de educación recibida, esto es, el tiempo efectivo de clase. La conciencia gubernamental y de los docentes tienen que vislumbrar que la equidad educativa tiene la finalidad de la formación de capacidades que en verdad sean útiles para trasformar las oportunidades educativas en resultados y a su vez una nueva perspectiva de ciudadanos que van a transformar el país, eso, es la conciencia social, que pugna por mecanismos más integrantes para una nueva asignación de posiciones en la estructura social mediante la escalada o por lo menos estabilidad social y decorosa economía.

                         La democracia social como un sentido integral de la sociedad debe concebirse y dársele un enfoque de equidad en la cual se reconozcan las diferencias individuales y socioeconómicas desfavorables en busca de su corrección y mejora; pero, para que exista en esos términos se requiere no sólo que haya la igualdad de oportunidades para el acceso a las instituciones educativas públicas, sino además de ello, se deben crear planes y programas prácticos capaces de detectar y entender la diversidad de capacidades de los alumnos para con ello eliminar los obstáculos sociales que impiden la libre competencia entre los individuos, pero también que dicha competencia sea justa y que los resultados de esa libertad se traduzcan en capacidades que generen ventajas para los oprimidos o desfavorecidos sociales; el camino se encuentra trazado, la docencia lo puede recorrer, tan es así que existe en la legislación educativa mexicana una acepción clara de justicia en el término de equidad como fin de la democracia, pero también debe haber una inclusión clara e integral para los grupos sociales desfavorecidos en donde los primeros visores de ellos lo son los maestros de las instituciones públicas que en la práctica docente se vuelven indolentes, despreocupados y vergonzosamente promotores de la discriminación y marginación social, ante la incapacidad en algunos casos y en otros la falta de voluntad para crear y fomentar oportunidades personales en los propios educandos.